El Gobierno nacional avanzó con la privatización de Belgrano Cargas y Logística y autorizó el llamado a una licitación pública nacional e internacional para concesionar las vías y los inmuebles aledaños de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.
La concesión tendrá un plazo de 50 años y los futuros operadores también podrán optar por adquirir el material rodante correspondiente a cada línea. El dinero obtenido por esas ventas será destinado a un fideicomiso para financiar obras ferroviarias.
La medida forma parte del proceso de privatización de Belgrano Cargas, que contempla la desintegración de la empresa en distintas unidades de negocio: material rodante, vías e inmuebles aledaños y talleres ferroviarios.
Las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre de 2026 a las 9.59, mientras que la apertura está prevista para ese mismo día a las 10, a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR.
El proceso tiene especial relevancia para Santa Fe, ya que la Línea Belgrano atraviesa distintos puntos de la provincia y comprende infraestructura ferroviaria vinculada tanto con Rosario como con el cordón portuario del Gran Rosario.
Qué pasará con los trabajadores
El proceso también contempla el futuro de los trabajadores de Belgrano Cargas. De acuerdo con las condiciones establecidas para la concesión, el nuevo operador deberá incorporar al personal de la empresa y respetar la antigüedad, los cargos, los niveles de remuneración y los convenios colectivos vigentes.
La medida alcanza tanto al personal administrativo como a los trabajadores vinculados con la operación ferroviaria, en un esquema que incluye a trabajadores representados por la Unión Ferroviaria y La Fraternidad.
Una concesión por medio siglo
La licitación establece una concesión de 50 años, durante los cuales el futuro operador tendrá a su cargo la explotación de las vías y los inmuebles comprendidos en el contrato.
El Gobierno estableció además un mecanismo mediante el cual los concesionarios podrán acceder a incentivos vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), siempre que cumplan con los requisitos previstos por ese régimen.
El proceso contempla también la posibilidad de que el concesionario opte por adquirir el material rodante correspondiente a la línea. El producido de esas ventas será destinado a un fideicomiso específico para financiar obras ferroviarias.
La primera fecha clave será el 11 de noviembre, cuando se presenten y abran las ofertas.
Lo que el Gobierno GANÁ
- ✅ Alivio fiscal inmediato: Elimina un déficit operativo financiero directo que ascendió a $41.925 millones. El Tesoro nacional deja de transferir subsidios para sostener su funcionamiento.
- ✅ Inversión privada sin costo estatal: Los pliegos de concesión a 50 años imponen a los privados un piso de inversiones obligatorias de unos USD 800 millones para modernizar infraestructura ferroviaria.
- ✅ Caja mediante fideicomiso: El dinero recaudado por el remate público de vagones y locomotoras (valuados en unos USD 278 millones) se destinará a un fideicomiso controlado por el Ministerio de Economía para financiar obras específicas de conectividad entre zonas mineras y agropecuarias con los puertos.
- ✅ Eficiencia y competitividad: Al separar la gestión de las vías de la operación de los trenes (sistema de «acceso abierto»), se elimina la exclusividad, permitiendo que múltiples empresas compitan, abaraten costos logísticos y aumenten el volumen de carga transportada.
Lo que el Gobierno PIERDE o ARRIESGA
- ⚠️ Pérdida de soberanía sobre la red: El Estado cede por medio siglo (50 años) la administración, mantenimiento y explotación estratégica de 7.594 kilómetros de vías operativas que recorren 16 provincias.
- ⚠️ Renuncia a la exclusividad comercial: Se desmantela el monopolio público del transporte de cargas ferroviario para traspasarlo a manos del mercado privado (como cerealeras o grupos mineros internacionales).
- ⚠️ Sacrificio de recaudación fiscal futura: Para hacer atractiva la licitación, el Gobierno incluyó las obras ferroviarias dentro de los beneficios del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), lo que implica que el Estado dejará de percibir millonarios impuestos, aranceles aduaneros y retenciones cambiarias de los concesionarios durante las próximas décadas.
- ⚠️ Costo político y laboral: El proceso implica la disolución de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A., enfrentando el conflicto con los gremios ferroviarios debido al sobredimensionamiento de una planta que supera los 4.400 empleados.
